Galeno Digital

«Pagamos el sueldo de los funcionarios para que nos sirvan, no para que nos manden; para facilitar nuestro trabajo, no para entorpecerlo; para agilizar los trámites necesarios y suprimir los innecesarios, no para desesperarnos en el laberinto kafkiano de su burocracia; para velar porque se nos haga justicia, no para atropellar nuestro derechos. ¿Son conscientes del daño que hacen a las personas cuyas gestiones se eternizan? ¿Se dan cuenta de que no tratan con papeles, sino con personas? Y si un funcionario honesto y eficiente, que no quiere lavarse las manos, me dijera, en un atisbo de conciencia moral, «pero ¿qué debo hacer yo?», le contestaría lo mismo que H. D. Thoreau decía a los funcionarios del gobierno que decidió desobedecer: «Si en verdad deseas colaborar, renuncia a tu cargo». Y añadió: «Cuando el súbdito niegue su lealtad y el funcionario sus oficios, la revolución se habrá conseguido».«

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Ayer, un piloto me decía por teléfono que recordaba una frase, tal vez de Cánovas, en la que decía que la revolución pendiente en la Administración española consistía en derribar las paredes de los despachos para que los papeles pasaran de mano en mano con fluidez. Desde la primera república, esa revolución sigue pendiente. Y unas cuantas más.

Pero no me incumbe a mí, como particular, sino al gobierno y a los altos funcionarios de los ministerios, purgar la administración de inútiles y parásitos, y hacer que los empleados útiles funcionen con eficacia, rapidez y lealtad hacia los ciudadanos. Un jefe de sección o de área, o un subdirector general, es responsable de la calidad del servicio que prestan sus subordinados, así como un Director General o un/a ministro/a lo son de los suyos; sólo que a cargo más alto, mayor responsabilidad.

¿Y cómo sabemos que un servicio de la Administración es de calidad? Cuando los clientes, o sea: los ciudadanos, digan que es de calidad. Y ¿cómo sabemos quiénes son los responsables de un desaguisado administrativo como el que vengo denunciando? Me temo que serán los tribunales quienes deberán dirimirlo en cualquier caso. Pero, ¡qué digo! ¿Funcionarios juzgando a funcionarios? Utópico.

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«Hay que ver en qué dictadura burocrática vivimos cuando nadie se atreve a dar su nombre para denunciar a la Administración, a menos que sea jubilado. Pero yo lo he dado. Y le aseguro que mi guerra contra la burocracia no ha hecho más que empezar. Pero eso a usted, ingeniero del Estado, que cobrará religiosamente su «mísero» sueldo de funcionario cada mes, le importa poco. Como le importan poco a usted, y al resto de funcionarios de la DGAC, las molestias y gastos que les supone a los pilotos comerciales y sus compañías, así como a los controladores y a AENA, el tener que desplazarse desde Galicia a Madrid. Y comprenderá, además, que si mi protesta ante la opinión pública fuera susceptible de denuncia en una comisaría o un juzgado, no dude de que ya lo habría hecho. Pero la ineptitud irresponsable de los funcionarios, ante los contribuyentes que los mantienen con sus impuestos, aún no es, por desgracia, delito. ¿Se imagina usted la celeridad con que obrarían todos si lo fuera?» (más…)

«Estoy seguro de que todos son conscientes de que hemos dado con un hueso duro de roer. Porque, aparte de la corrupción política del sistema por arriba, nos enfrentamos, por abajo, con funcionarios administrativos, casi siempre aburguesados, pero que constituyen, como diría el genial Tocqueville, «la aristocracia de la nueva sociedad». En una Administración centralista, un jefe de sección tiene hoy más poder que un noble en la época feudal. Y Bruselas empieza a mandar más que un monarca absoluto antes de la revolución francesa. Ojo al dato. Pero bueno, ¿qué sería de nuestra dignidad si, como hacen casi todos los españoles, más por costumbre que por voluntad, nos achantáramos siempre ante el despotismo y la arbitrariedad, sean políticos o administrativos?»

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«¿Qué pasa en la Dirección General de Aviación Civil? Tal vez nada nuevo. Puede que los problemas sean debidos únicamente a la proverbial lentitud y torpeza de la burocracia española. Pero si bien no se puede censurar a una tortuga que sea perezosa, pues está en su naturaleza serlo, sí se puede censurar y denunciar a una Administración que podría ser, por lo menos, tan competente y diligente como las de otros países europeos. La Administración lenta es injusta; la centralista, despótica; y la que, además, pretende institucionalizar su incompetencia, inmoral. No hace falta ser médico para saber que el Estado no tiene conciencia, pero hay que meterse en las tripas de su burocracia para descubrir que algunos funcionarios ni siquiera tienen corazón.»

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